Investigan a una mujer en San Juan por presunta extorsión a un cirujano: le habría exigido $30 millones

Mónica Elizabeth Morán fue imputada por extorsión tras una denuncia que señala que habría exigido dinero a un médico bajo la amenaza de denunciarlo por un supuesto abuso sexual contra su hija. Según la fiscalía, el profesional transfirió $2 millones y luego recibió nuevas exigencias económicas. La acusada continuará el proceso en libertad, con restricciones de contacto.

La Justicia sanjuanina formalizó este martes la investigación penal contra Mónica Elizabeth Morán, de 47 años, acusada de extorsionar a un médico cirujano mediante amenazas vinculadas con una presunta denuncia de abuso sexual contra su hija.

De acuerdo con la hipótesis presentada por la fiscalía, la mujer habría exigido inicialmente una suma de dinero bajo la amenaza de realizar una denuncia penal y exponer públicamente al profesional. En ese contexto, el médico habría transferido $2.000.000, mientras que posteriormente habría recibido un nuevo requerimiento por $30.000.000.

La investigación se encuentra a cargo de la UFI Delitos Especiales. La identidad del profesional se mantiene bajo reserva.

Cómo habría comenzado el conflicto

Según la reconstrucción expuesta durante la audiencia, el vínculo entre la imputada y el médico comenzó el 27 de febrero de 2026, cuando Morán llevó a su hija a la Clínica Santa Clara por un cuadro de dolor abdominal e inguinal. El profesional la atendió y facilitó su número telefónico particular para realizar el seguimiento médico.

La fiscalía indicó que posteriormente hubo nuevas consultas, hasta que el 21 de marzo la joven fue atendida en el servicio de urgencias del Hospital Rawson, donde el cirujano se encontraba de guardia.

De acuerdo con la versión presentada por el Ministerio Público Fiscal, al finalizar esa atención la paciente le habría entregado dos botellas de vino como agradecimiento, lo habría abrazado y le habría dado un beso en la mejilla antes de retirarse junto a su madre.

La denuncia y las exigencias de dinero

La acusación sostiene que, horas después de esa última atención, el médico recibió un mensaje en el que Morán habría amenazado con denunciarlo y exponerlo públicamente por un supuesto intento de abuso sexual contra su hija, a menos que entregara dinero.

Según la fiscalía, el profesional realizó ese mismo día una transferencia de $2 millones. Sin embargo, las exigencias habrían continuado.

El 31 de marzo, la mujer se habría presentado junto a un hombre en la clínica privada donde trabajaba el médico y ambos lo habrían increpado para reclamarle más dinero, siempre según la reconstrucción fiscal.

Posteriormente, a través de mensajes de WhatsApp, la imputada habría exigido otros $30 millones. La denuncia también refiere que la mujer y personas de su entorno habrían sido vistas en reiteradas ocasiones cerca del lugar de trabajo del profesional, una situación que, según la acusación, le generó temor y lo llevó a modificar su rutina.

Las pruebas presentadas en la audiencia

Durante la formalización, el ayudante fiscal Mauro Carrizo, en representación de la UFI Delitos Especiales encabezada por Francisco Nicolía, expuso los elementos reunidos para respaldar la investigación.

Entre las evidencias mencionadas figuran una copia del contenido del teléfono celular del denunciante, conversaciones en las que constarían las exigencias económicas, registros fílmicos, fotografías y comprobantes bancarios de las transferencias.

La querella, representada por el abogado Roberto Lucero, sostuvo que las exigencias económicas habrían persistido y solicitó medidas para impedir el acercamiento y cualquier tipo de comunicación entre la acusada y el médico.

La defensa negó la acusación

Por su parte, los abogados defensores Renzo Quero y Luis Galmarini sostuvieron que Morán es inocente de los hechos que se le atribuyen.

Durante la audiencia, plantearon una versión diferente sobre el origen del conflicto y mencionaron un supuesto beso del médico a la joven paciente como posible fundamento del reclamo. La defensa solicitó que el plazo de investigación fuera de cuatro meses, en lugar del período requerido por la fiscalía.

La resolución judicial

Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías Flavia Allende formalizó la investigación contra Morán por el presunto delito de extorsión y estableció un plazo de seis meses para la Investigación Penal Preparatoria (IPP).

La magistrada dispuso que la imputada continúe el proceso en libertad, bajo la obligación de someterse a las actuaciones judiciales y no entorpecer la investigación. También ordenó que no mantenga contacto ni comunicación con el denunciante.

La causa continuará con la producción y evaluación de pruebas para determinar las circunstancias del caso. La imputación constituye una acusación en etapa de investigación y no implica una condena; la responsabilidad penal deberá establecerse mediante el proceso judicial correspondiente.