Investigan irregularidades en la Policía de San Juan: faltan más de 100 armas y hay sospechas por una compra millonaria de computadoras

La Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión avanza con dos sumarios administrativos para determinar posibles responsabilidades dentro de la fuerza. Uno involucra equipamiento informático adquirido por $90 millones en 2023 y el otro, la desaparición de un número todavía no precisado de pistolas reglamentarias.

Dos investigaciones internas avanzan dentro de la Policía de San Juan por presuntas irregularidades relacionadas con la administración de bienes del Estado. Los procedimientos buscan esclarecer una compra de equipos informáticos que no habrían sido entregados en las condiciones contratadas y el faltante de más de un centenar de armas de fuego pertenecientes a la institución.

Las actuaciones están a cargo de la Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública, encabezada por Damián Villavicencio, y se desarrollan de manera paralela a las investigaciones penales que lleva adelante la Justicia provincial.

El objetivo de los sumarios es establecer si existieron incumplimientos, negligencia o conductas deliberadas por parte de integrantes de la fuerza, y determinar las eventuales sanciones disciplinarias.

Una compra de $90 millones bajo investigación

El primero de los expedientes se originó a partir de una adquisición de equipamiento tecnológico realizada en mayo de 2023, durante la gestión del entonces jefe de Policía, Luis Martínez, y del exsecretario de Seguridad, Carlos Munisaga.

La operación fue financiada con 90 millones de pesos provenientes de fondos nacionales y contemplaba la compra de 150 computadoras, 20 impresoras y 10 tablets.

Sin embargo, una revisión administrativa realizada después del cambio de gobierno provincial detectó inconsistencias entre los registros patrimoniales y la existencia física de los equipos.

De acuerdo con lo explicado por Villavicencio en declaraciones a Radio Sarmiento, los dispositivos figuraban formalmente incorporados al patrimonio policial, pero no se encontraban en los lugares donde supuestamente habían sido asignados.

La situación motivó una denuncia judicial y la apertura de una investigación administrativa para determinar qué ocurrió con los bienes adquiridos.

Los equipos aparecieron, pero no coincidían con lo comprado

Uno de los aspectos más relevantes del caso surgió cuando el proveedor informó que las computadoras se encontraban almacenadas en un inmueble.

Tras esa comunicación, se realizó un procedimiento para constatar la existencia del equipamiento.

Si bien inicialmente se verificó la presencia de los bultos, las pericias posteriores establecieron que los dispositivos encontrados no coincidían con las características técnicas de los equipos que habían sido contratados.

Esta diferencia constituye uno de los puntos centrales de la investigación, que busca determinar cómo se desarrolló el procedimiento de compra, recepción y registro de los bienes.

Tres policías vinculados al sumario administrativo

Hasta el momento, la investigación disciplinaria identifica a tres integrantes de la fuerza que formaron parte de la junta encargada de recibir el equipamiento.

Se trata del comisario mayor retirado Santoni y de los efectivos Valverde y González.

Según explicó el subsecretario, Santoni pasó a retiro a fines de 2025, mientras que los otros dos policías continúan en actividad, aunque fueron reasignados a otras funciones.

Villavicencio anticipó que los tres podrían ser convocados a declarar como imputados en el sumario administrativo durante las próximas semanas, una vez que se complete la documentación y se incorporen los dictámenes jurídicos correspondientes.

El funcionario aclaró que el organismo tiene facultades para investigar posibles faltas disciplinarias cometidas tanto por personal en actividad como por efectivos retirados.

También señaló que podrían convocarse otros testigos para reconstruir el circuito administrativo de la adquisición.

En ese contexto, explicó que el exjefe policial Luis Martínez y el exsecretario de Seguridad Carlos Munisaga, actual intendente de Rawson, no se encuentran imputados en el sumario, aunque podrían ser citados como testigos si fuera necesario.

Detectaron la desaparición de más de 100 pistolas

La segunda investigación está relacionada con un importante faltante de armamento dentro de la División Armamento de la Policía de San Juan.

Las armas pertenecían a un lote de 500 pistolas adquiridas en agosto de 2022 y estaban bajo la órbita de custodia de la institución.

Una auditoría interna permitió detectar inconsistencias en el inventario, lo que derivó en una denuncia ante la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especiales.

Villavicencio confirmó que el faltante supera las 100 armas, aunque aclaró que todavía no existe una cifra definitiva.

La investigación deberá establecer cuántas pistolas faltan efectivamente, qué ocurrió con ellas y quiénes tenían responsabilidades sobre su almacenamiento y control.

Entre 25 y 30 efectivos serán investigados

A diferencia del expediente relacionado con las computadoras, el sumario por el armamento todavía no tiene responsabilidades individuales determinadas.

Por ese motivo, las actuaciones se encuentran dirigidas inicialmente contra personal policial a identificar.

El organismo de control trabaja sobre una nómina de aproximadamente 25 a 30 efectivos que cumplieron funciones en la División Armamento desde la adquisición de las pistolas.

La documentación fue puesta a disposición de la Justicia para reconstruir los movimientos del armamento y establecer qué personal intervino en su recepción, almacenamiento y custodia.

Los agentes incluidos en el relevamiento serán convocados en el marco de las actuaciones correspondientes, sin que ello implique que todos hayan cometido irregularidades.

Qué sanciones podrían recibir los responsables

Los dos expedientes avanzan por vías administrativas independientes de las causas penales.

Esto significa que, además de las eventuales decisiones judiciales, la Policía de San Juan deberá determinar si existieron faltas al régimen disciplinario de la institución.

Dependiendo de la gravedad de las conductas que se acrediten y de las responsabilidades individuales, las sanciones podrían incluir suspensiones, cesantías o exoneraciones.

Villavicencio indicó que, si se comprueba la existencia de conductas intencionales o negligencia grave, se evaluará la aplicación de las medidas disciplinarias más severas contempladas en la normativa.

Por ahora, ninguna de las dos investigaciones administrativas cuenta con una resolución definitiva.

Mientras continúa la revisión de la compra tecnológica, las autoridades también buscan determinar el destino de las armas faltantes, un aspecto especialmente sensible por tratarse de equipamiento de seguridad pública.

Ambos procedimientos deberán establecer responsabilidades a partir de las pruebas reunidas, respetando las instancias de investigación y el derecho de defensa de las personas involucradas.