Prestaciones fantasmas en Rodeo terminaron con tres condenas por defraudar a la Obra Social Provincia

La investigación que puso bajo la lupa a la Clínica Argentina de Rodeo por la presunta facturación de prestaciones médicas que afiliados de la Obra Social Provincia aseguraron nunca haber realizado llegó a su final en la Justicia sanjuanina con tres condenas. Dos médicos y un bioquímico fueron considerados coautores penalmente responsables del delito de defraudación a la Administración Pública, aunque ninguno cumplirá prisión efectiva.

Los condenados son el bioquímico Pablo Daniel Olivares, quien recibió una pena de dos años de prisión de ejecución condicional, el médico Eduardo Octavio Leaniz, condenado a dos años y tres meses bajo la misma modalidad, y el médico Carlos Fernando Agüero, quien recibió la pena más alta, de dos años y cinco meses de prisión condicional. Los tres deberán además quedar bajo el control del Patronato de Liberados durante dos años.

La resolución se produjo mediante un acuerdo de juicio abreviado luego de que la investigación de la UFI Norte reuniera elementos sobre una serie de bonos correspondientes a consultas y prácticas médicas que aparecían registradas, facturadas y posteriormente abonadas, pese a que distintos afiliados manifestaron que esas prestaciones no habían sido realizadas y que las firmas que figuraban en los comprobantes tampoco les pertenecían. En total, los hechos considerados en las condenas alcanzaron 54 bonos, distribuidos entre los tres profesionales.

La causa había comenzado a tomar forma a partir de las propias herramientas digitales de la Obra Social Provincia. Uno de los afiliados ingresó a la plataforma CIDI y descubrió que en su historial figuraban consultas y prácticas médicas que desconocía. El reclamo encendió la alarma y permitió revisar otros casos en los que aparecieron situaciones similares. A partir de allí, la obra social avanzó con la revisión de la documentación y posteriormente llevó el caso a la Justicia.

La denuncia formal de la OSP fue presentada el 12 de agosto de 2025 y dio lugar a una investigación que quedó en manos del fiscal Gastón Mateo Salvio y la ayudante fiscal Ana Laura López. La pesquisa permitió incorporar testimonios de afiliados, documentación administrativa y distintos elementos vinculados con la facturación de las prestaciones. Con el avance del expediente también aparecieron nuevos damnificados y documentación que amplió el objeto de la investigación.

El caso ya había generado repercusión en 2025, cuando las primeras sospechas sobre la Clínica Argentina llevaron a la Justicia a investigar una posible maniobra similar a la que había quedado expuesta en la causa Garder. En agosto de ese año trascendió que la Obra Social Provincia había detectado irregularidades en prestaciones registradas a nombre de afiliados que aseguraban no haberlas recibido. La investigación derivó posteriormente en medidas judiciales y en el análisis de documentación de la clínica.

En febrero de 2026, la causa dio otro paso determinante con la audiencia de formalización. En ese momento fueron imputados los médicos Carlos Agüero y Eduardo Leaniz, el bioquímico Pablo Olivares y Natalia Gimena Mateos, quien había sido vinculada al establecimiento en calidad de propietaria. La Justicia investigaba entonces alrededor de 30 bonos y hechos que se remontaban, según las actuaciones, hasta diciembre de 2021.

Uno de los puntos centrales de la investigación estuvo relacionado con el funcionamiento del sistema utilizado para la emisión de bonos. De acuerdo con lo establecido en el expediente, el sistema DOS permitía obtener los comprobantes sin necesidad de contar con el carnet físico del afiliado, una circunstancia que, según la pesquisa, habría facilitado la generación de documentación para registrar prestaciones. La investigación también comprobó que los bonos cuestionados no quedaron solamente asentados en los registros, sino que fueron facturados y efectivamente abonados a los profesionales involucrados.

La cantidad de hechos atribuidos a cada profesional fue determinante al momento de establecer las penas. A Olivares se le atribuyeron diez hechos o bonos, mientras que Leaniz quedó vinculado a 18 y Agüero a 26. Esta última cifra convirtió al médico en el profesional con mayor cantidad de prestaciones cuestionadas dentro del acuerdo que terminó con las condenas.

La situación de Natalia Gimena Mateos tuvo un desenlace diferente. La licenciada en Kinesiología había quedado inicialmente vinculada a la investigación por su relación con la clínica, pero durante el avance del expediente no se reunieron elementos suficientes para acreditar su participación en las maniobras investigadas. Por ese motivo, la Justicia resolvió su sobreseimiento por falta de participación en el delito.

El desenlace judicial marca así el cierre de una investigación que comenzó con una irregularidad detectada por un afiliado en una plataforma digital y terminó revelando un conjunto de prestaciones que, de acuerdo con lo acreditado en la causa, fueron registradas, facturadas y cobradas pese a que los beneficiarios negaron haberlas realizado. Las condenas son de cumplimiento condicional, por lo que los tres profesionales permanecerán en libertad y deberán cumplir las reglas de conducta impuestas por la Justicia.

El expediente vuelve a poner en el centro de la discusión el control sobre los fondos públicos destinados a la salud y los mecanismos de auditoría de las prestaciones médicas. En este caso, una consulta realizada por un afiliado permitió detectar una irregularidad que posteriormente derivó en una investigación de mayor alcance, con nuevas denuncias, documentación incorporada al expediente y finalmente tres condenas por defraudación a la Administración Pública.